El desalojo en Cerro Chuño sigue avanzando como parte de un operativo integral coordinado entre el Ministerio de Bienes Nacionales, la Delegación Presidencial, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad. Este esfuerzo busca restituir el orden y la seguridad en la zona, combatiendo el crimen organizado y mejorando las condiciones de vida de la comunidad.
La subsecretaria (s) del Ministerio del Interior, Vanessa Marimón Fuentes, destacó la coordinación de las instituciones involucradas, señalando que “Hoy concluimos una reunión de trabajo con la delegada Presidencial, donde evaluamos el primer día de intervención en Cerro Chuño, coordinamos las siguientes etapas y pusimos a disposición los recursos necesarios para garantizar la seguridad en el sector. Este desalojo es parte de una estrategia integral del Gobierno contra el crimen organizado, coincidiendo también con la lectura de las sentencias del Clan Los Gallegos, donde el Ministerio del Interior es querellante”, afirmó.
En esta línea, la delegada Presidencial Camila Rivera Tapia, destacó la importancia de este proceso para la seguridad de la región. “Durante todo nuestro Gobierno hemos estado trabajando en la implementación de medidas de seguridad pública. Ayer concretamos la primera jornada del desalojo en Cerro Chuño, con fin de cumplir con los objetivos, con avances significativos. Este proceso continuará con la coordinación de todas las instituciones involucradas”, indicó.
Por su parte el seremi de Bienes Nacionales Rodrigo Díaz, evaluó positivamente el desalojo, indicando que “estamos restituyendo un inmueble fiscal estratégico, mejorando la gestión territorial y contribuyendo a la seguridad pública en el sector”, indicó Díaz.
FISCALIZACIÓN
Finalmente, el prefecto José Muñoz Fuentes, jefe Provincial de Arica, informó sobre el trabajo de fiscalización en el sector. “Estamos utilizando el sistema biométrico ABIS para registrar a las personas en la zona, asegurando un catastro completo y preciso de los habitantes de Cerro Chuño”, explicó.
Este operativo forma parte de una Estrategia Integral del Gobierno para devolver la seguridad a la región y enfrentar el crimen organizado en Arica y Parinacota.
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